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El Tribunal Supremo precisa el contenido constitucional de la inviolabilidad del domicilio y anula un decomiso ampliado por doble déficit de motivación

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado sentencia en un recurso de casación que planteaba, de manera simultánea, el alcance constitucional de la inviolabilidad del domicilio garantizada por el artículo 18.2 CE y los presupuestos del decomiso ampliado previsto en el artículo 127 bis del Código Penal. Respecto de la inviolabilidad del domicilio, el Tribunal reafirma que la garantía constitucional se proyecta sobre cualquier espacio destinado al desarrollo de la vida privada, con independencia del uso concreto que el investigado haga de cada dependencia. En materia de decomiso, la Sala declara la nulidad del pronunciamiento de apelación por incurrir en una doble indeterminación: normativa y fáctica.

inviolabilidad del domicilio: el concepto constitucional de domicilio y sus límites

La doctrina del Tribunal reitera que el domicilio, a efectos del artículo 18.2 CE, no se define por criterios de habitualidad o frecuencia de uso, sino por la aptitud del espacio para acoger el desenvolvimiento de la vida privada. De este modo, la garantía de inviolabilidad del domicilio no se agota en la residencia habitual del investigado ni admite interpretaciones que la reduzcan a una estancia determinada dentro de un mismo inmueble.

La inviolabilidad del domicilio ampara todos los espacios habitados del inmueble

El acusado disponía, en la vivienda familiar, de un dormitorio propio y de áreas comunes en las que desarrollaba vida personal y guardaba efectos ligados a su intimidad. La Sala afirma con rotundidad que la inviolabilidad del domicilio no puede circunscribirse a la zona de descanso del investigado, excluyendo del amparo constitucional el resto de dependencias del mismo inmueble, especialmente cuando en esas dependencias se localizaron los efectos relevantes para la causa.

inviolabilidad del domicilio: legitimación para consentir el registro

Convivencia sin conflicto de intereses: la regla general

Con apoyo en la STC 22/2003 y en una jurisprudencia consolidada, el Tribunal sostiene que, ante una situación de convivencia ordinaria, cualquier morador puede autorizar válidamente la entrada de terceros en el domicilio. La excepción a este principio general se activa únicamente cuando existe una contraposición objetiva de intereses —señaladamente, cuando el autorizante ostenta la condición de denunciante o víctima—, caso en el que la garantía constitucional de inviolabilidad del domicilio exige la intervención judicial.

Validez del consentimiento prestado por los progenitores

Los padres del acusado reunían la condición de moradores y carecían de interés contrapuesto al de su hijo. La Letrada de la Administración de Justicia dejó constancia en cinco ocasiones de la conformidad de los progenitores para el acceso a cada dependencia; estos presenciaron íntegramente la diligencia y suscribieron el acta correspondiente. El Tribunal añade que la concurrencia de tres agentes de la Guardia Civil y de un perro especializado no representa, por sí sola, una circunstancia objetivamente intimidatoria que vicie un consentimiento libremente otorgado.

Decomiso directo y decomiso ampliado: régimen jurídico diferenciado

El decomiso directo —artículo 127.1 CP— opera sobre los instrumentos, efectos y ganancias vinculados al delito concreto objeto de condena. El decomiso ampliado —artículo 127 bis CP— extiende la privación patrimonial a bienes cuya ilícita procedencia se infiere de indicios objetivos, sin que sea necesaria una conexión causal directa con el hecho enjuiciado.

Las deficiencias de la resolución de apelación

El Tribunal Superior de Justicia invocó formalmente el artículo 127.1 CP, pero aplicó la lógica y los criterios propios del artículo 127 bis CP al extender el decomiso a vehículos, dispositivos electrónicos y sumas de dinero, argumentando una desproporción entre el patrimonio del acusado y sus ingresos acreditados. La Sala aprecia una doble insuficiencia: el tribunal de apelación no precisó qué precepto resultaba de aplicación, ni identificó los bienes afectados, sus fechas de adquisición o la conexión individualizada de cada uno con la inferencia de ilicitud. La mera invocación de una desproporción patrimonial genérica no satisface las exigencias de motivación del decomiso ampliado.

Fallo

El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso de casación, anula el pronunciamiento de decomiso ampliado acordado en apelación y confirma los restantes pronunciamientos de la sentencia de instancia, comprendidos la condena por delito contra la salud pública y el decomiso directo ya decretado en primera instancia. Las costas del recurso se imponen de oficio.